Los últimos datos publicados por el Observatorio Permanente de Inmigración, a fecha 30 de junio de 2010, sobre la distribución de inmigrantes rumanos con Certificado de Registro/Tarjeta de Residencia, indican que Almeria cuenta con 32.538 ciudadanos rumanos, Cádiz (3.846), Granada (14.073), Huelva (17.536), Málaga (14.385), Oviedo (2.200), Cantabria (6.515), Ciudad Real (21.894), Cuenca (12.514), Guadalajara (13.279), Ávila (3.857), Burgos (9.105), Salamanca (2.237), Valladolid (6.767), Zamora (1.844), Alicante (25.730), Castellón (45.446), Valencia (46.905), Badajoz (9.627), Madrid (175.587), Murcia (12.859) y Ceuta (20), todas ellas provincias gobernadas actualmente por alcaldes del Partido Popular.
Se trata de alcaldes del Paritido Popular con responsabilidades de primer nivel en barrios tan complejos de gestionar como Lavapiés, Costa Polvoranca, Valdemingómez-Cañada Real o Barranquillas en Madrid; el Pequeño Bucarest en Coslada; El Cabanyal, Malvarrosa o Nazaret en Valencia; El Perpétuo Socorro o San Lorenzo en Castellón; Las Mil Viviendas, Juan XXIII o Colonia Requena en Alicante; Palma-Palmilla en Málaga; El Almanjayar, Casillas de Zaidín y La Chana de Granada; el Puerto de Santa María de Cádiz; El Puche y Pescadilla en Almeria; La Carisa en Oviedo; La Ciudad Sin Ley, El Espíritu Santo o los Rosales en Murcia; La Esperanza o Sant Martí en Ciudad Real. Barrios con problemas estructurales, económicos y sociales; de falta de vivienda; de tasas de paro elevadas; de fracaso escolar; de inseguridad ciudadana; de niveles altísimos en drogodependencia; en los que la inclusión social de los inmigrantes, y en concreto, de los gitanos rumanos, y su integración entre la población autóctona, ocupa y preocupa, no sólo por la falta de recursos municipales, sino por su propia idiosincrasia, el arraigo de sus costumbres y la falta de interlocutores a los que dirigirse.
Pero a ninguno de estos alcaldes del Partido Popular se le ha ocurrido la idea de salir en la prensa para criminalizar ni a los gitanos rumanos ni a ningún otro colectivo, diciendo que se trata de delincuentes que han venido a delinquir.
Ni a ninguno de estos alcaldes del Partido Popular se le ha pasado por la cabeza editar videos, repartir folletos o invitar a eurodiputados para centrar la atención mediática, propiciar el enfrentamiento social y rentabilizar el resultado, posiblemente porque ellos ya ejercen como alcaldes, y ellos son los responsables de mejorar la situación.
Es más, con la excepción de algún grupúsculo de tendencia xenófoba, no recuerdo que ninguna formación política haya actuado siguiendo la estrategia del Partido Popular de Badalona, utilizando el fenómeno rumano como puente hacia la alcaldía, erigiéndose para ello en ideólogo, promotor y cómplice de la crispación social y proponiendo, como única salida posible, el estado policial de los barrios y la expulsión colectiva.
Sin duda alguna, hay otras alternativas para llegar al Poder, sin necesidad de despreciar la acción política, ridiculizar y minusvalorar la acción y dedicación de las fuerzas de seguridad o dinamitar la tarea desempeñada por las entidades sociales, políticas y vecinales.
Hay otras maneras de contribuir a mejorar los problemas, y lo triste es que se necesite el Poder para comprenderlo.
Lorenzo Merchán González
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